viernes, 8 de marzo de 2019

8 de marzo y el ejercicio del derecho de huelga.


Si tienes mujeres contratadas en tu empresa es fácil que hoy, 8 de marzo, hayan ejercido su derecho a la huelga y puede que en este momento estén surgiendo mil dudas en tu cabeza sobre cómo debe actuarse a nivel laboral.

A continuación te informamos de algunas consideraciones básicas:


En primer lugar, no es obligatorio que la trabajadora avise a la empresa sobre si se va a hacer huelga o no, aunque la empresa lo haya preguntado o haya solicitado un aviso previo, (porque piensas que así puedes organizarte mejor), lo cierto es que nadie tiene obligación de avisar a la empresa para la que trabaja sobre si va a realizar la huelga. Sí será necesario que posteriormente se informe de que la razón por la que no se acudió al trabajo es por el ejercicio del derecho de huelga.
                
Si quien realiza la huelga es una persona en periodo de prueba, igualmente tiene derecho a realizar la huelga, puesto que posee los mismos derechos laborales que cualquier trabajador.

Hemos de recordar que la huelga está convocada para las trabajadoras por cuenta ajena, es decir, aquellas personas que sean trabajadoras por cuenta propia o autónomas dependientes no pueden ejercer el derecho a huelga.

El ejercicio del derecho a huelga no puede derivar en ningún tipo de sanción o despido, resultaría absolutamente nulo, así como sí estarán obligadas a cumplir sus funciones aquellas mujeres que hayan sido convocadas debidamente para cubrir los servicios mínimos, si bien la empresa debe comunicarlo con antelación.
     
En relación con la cotización a la Seguridad Social, los días de huelga no son cotizables, quedando el contrato en suspenso, y se descontará el día de salario y la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias.


Esperamos que os haya servido para disipar algunas de vuestras dudas.

miércoles, 23 de enero de 2019

REPERCUSIÓN EN EL SALARIO Y OTROS EFECTOS DEL INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL (SMI). (Por Marta García)


El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.  El SMI se creó por decreto en 1963, si bien tras incluirse en el Estatuto de los Trabajadores, se reguló su revisión anual teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

El incremento del SMI ha sido publicada a través del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, que lo fija en la cuantía de 900 €/mes.

Estos 900 € al mes son en 14 pagas, por lo que, si hablamos del caso en que las pagas extras están prorrateadas, el salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.050 € brutos mensuales; en todo caso, se traduce en 12.600 € anuales.

El incremento acordado ha sido del 22,3% hasta los 30 euros diarios y afecta a todos los trabajadores fijos. En el caso de los eventuales y temporeros, cuyos servicios a una misma empresa no superen los 120 días al año, el alza del 22,3 % sitúa el sueldo diario en los 42,62 euros (frente a los 34,85 euros de este año).

Lo anterior es de aplicación a los trabajadores a jornada completa, si la jornada es parcial, habría que calcular el salario mínimo proporcional a la jornada de trabajo.

No obstante lo anterior, no todos los trabajadores van a ver aumentado su salario por el incremento del SMI,  sin embargo, sí que podrán ser beneficiados de manera indirecta ya que el SMI tiene efectos sobre determinadas contingencias tales como, los límites de salario e indemnizaciones que abona el FOGASA se va a incrementar, así como la protección del salario en caso de concurso de acreedores,  o  la cantidad de salario que va a estar protegida y no puede ser embargada.

El primer colectivo de trabajadores más beneficiado será el de aquellos que no tienen un convenio colectivo que regule su relación laboral y por tanto, salvo que hayan pactado con el empresario un salario superior, tendrán que cobrar a partir del 1 de enero el SMI; aquellos trabajadores que si están sujetos a un convenio colectivo y que la subida del SMI les coloca con unas retribuciones anuales por debajo de los 12.600€, tienen derecho a que sus percepciones dinerarias se ajusten desde el 1 de enero de 2019 a la cuantía aprobada por real decreto. En este caso, desde Iuris Corporate recomendamos crear un concepto salarial de “a cuenta SMI” para compensar con el mismo los incrementos salariales que por otras razones puedan ser aplicables, ya por IPC, ya por otros conceptos de convenio u otras obligaciones salariales compensables.

Los sectores con mayor afectación son los siguientes: el comercio al por mayor y al por menor (18,8%), el de actividades administrativas y auxiliares (14%) y el de hostelería (10,8%), que son, a su vez, los principales sectores beneficiados por la subida. Le siguen servicios (7,7%), actividades sanitarias y de servicios sociales (6,85), administración pública y defensa y seguridad social obligatoria (6,8%), actividades profesionales, científicas y técnicas (6,3%), educación (6,2%) y la industria manufacturera (6%).

Por otro lado, y consecuencia correlativa al incremento salarial, este incremento del SMI implica una subida de la base mínima de cotización a la Seguridad Social, que se elevará hasta 1.050,1 € y de 4.070,10 €en la base máxima de cotización.

Este aumento del SMI y de las bases de cotización incide claramente en un aumento en el coste de seguridad social de aproximadamente 50€ en los casos en que debe aplicarse sobre retribuciones salariales ex convenio o sin sujeción a convenio que estén por debajo del SMI incrementado.


Marta García 
Departamento de Laboral


miércoles, 30 de mayo de 2018

Las Comunidades de Propietarios y los pisos turísticos


El Código Civil determina en su artículo 1.543: “En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.”.
           
Por la naturaleza del contrato de arrendamiento existen dos elementos que son irrenunciables y la esencia de su naturaleza:

            1.- El precio. Un arrendamiento nunca puede ser gratuito.
            2.- El tiempo determinado. Es independiente que el periodo de tiempo por el que se acuerde el arrendamiento sea más o menos amplio. El artículo 1.581 del Código Civil dice: “Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario.
En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término.”

Por lo tanto esta norma nos deja abierta la posibilidad de establecer un periodo de tiempo incluso de días, no existiendo una obligación legal de imponer un periodo de tiempo determinado.

Cierto es que en la Ley de Arrendamientos urbanos se establece un plazo mínimo de duración, si bien la propia Ley establece en su artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que se trata de arrendamiento de vivienda, estableciéndose como tal el que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

El artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dispone lo que es arrendamiento para uso distinto del de vivienda: aquellos que se celebran por temporada, (verano y otra), y los celebrados para dedicar la finca a una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, con independencia de las personas que lo celebren. En este tipo de arrendamiento, no se establece un plazo determinado de duración del arrendamiento.

Por lo tanto en los arrendamientos de temporada de vivienda, existiendo la temporalidad requerida para la figura del arrendamiento, falta la idea de permanencia, de largo plazo.

Los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen en primer lugar por el pacto entre las partes, posteriormente por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y en último lugar por lo dispuesto en el Código Civil.

Demás de esta legislación, a falta de una normativa estatal, está siendo regulada por las distintas Comunidades Autónomas, por lo que no existe una legislación homogénea.
           
Actualmente el alquiler vacaciones o de temporada se encuentra legislado por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia.
                       
Habrá que estar a la legislación de cada Comunidad Autónoma para cumplir los requisitos que se establecen en la misma, tanto en relación con la forma de efectuar el contrato, como en la capacidad máxima y mínima de personas por vivienda o habitación que se establece en algunas de las mencionadas normativas.

En relación con las normas de convivencia de las Comunidades de Propietarios, en alguna de las normas de las distintas comunidades, como es el caso de Andalucía, se prevé que se informe a los arrendatarios de estas viviendas con fines turísticos, de la normativa interna de la Comunidad de Propietarios para evitar conflictos, y por lo tanto los propietarios de estas viviendas estarán obligados a informar a los arrendatarios de las normas y limitaciones en el uso de los elementos comunes.


Respecto a la normativa en relación con la Comunidad de Propietarios, no existe ninguna normativa que permita prohibir este tipo de actividad en las viviendas, si no está previsto en los Estatutos. Se podrá establecer normativa que regule la actividad si se acuerdan con unanimidad por todos los propietarios como reglamento interno de la Comunidad.
           
Si se modifican los Estatutos por unanimidad de los propietarios, habremos de tener en cuenta que, de estar inscritos en el Registro de la Propiedad, se deberá modificar esta inscripción, lo que supone igualmente un desembolso económico.


martes, 10 de abril de 2018

La nueva aplicación de la Agencia Tributaria

     Para la Campaña de la Renta 2017 la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los usuarios una App que permite la presentación de la declaración de la renta. De fácil manejo, en la página web de la Agencia Tributaria existe una presentación sobre la misma.

     Lo primero que nos llama la atención es que la presentación de la declaración de la renta sólo se podrá realizar si los datos son correctos. La presentación de la herramienta a la que hacíamos referencia anteriormente, dice en el vídeo, con  la misma voz monótona que puede pasar desapercibida al usuario, que la presentación podrá hacerse SI NO HAY QUE MODIFICAR DATOS. Hemos de tener en cuenta, para aceptar el borrador y para presentar la declaración de la renta vía App, que la Agencia Tributaria no siempre cuenta con todos nuestros datos, y es posible que el borrador omita cierta información importante, o bien la contenga de forma incompleta o errónea. Por ello desde Iuris Corporate, siempre aconsejamos que la declaración y el borrador sean examinados por profesionales que puedan detectar estas carencias.

     En segundo lugar, varios usuarios de Twitter daban la alarma sobre los permisos que solicita la aplicación al ser instalada. Así hemos querido comprobar qué ocurre cuando se instala la aplicación en un teléfono móvil, y para nuestra sorpresa, tenían razón los usuarios de Twitter: fíjense en los permisos que solicita cuando se abre la misma una vez instalada:





Cuando instalamos la aplicación, automáticamente se solicita nuestro permiso para que ésta acceda directamente a nuestras fotos, contenido multimedia y archivos del dispositivo. Con una particularidad que no debe pasar desapercibida: no se especifica para qué o con qué finalidad se accederá a estos archivos, ni la naturaleza de los mismos, por lo que, de permitirlo el usuario, la Agencia Tributaria tendrá acceso a todos los archivos del teléfono o tablet, absolutamente a todos.











Podemos pensar que es tan sencillo como rechazar esta posibilidad y no permitir que se acceda a estos datos, bien, rechazamos el permiso y entonces nos encontramos con la siguiente pantalla en la que se nos informa de que este permiso es necesario para un correcto funcionamiento de la aplicación, y que la no concesión del mismo puede provoca un mal funcionamiento de la misma.









      Es difícil mantener la seguridad y la privacidad, por muchos cortafuegos o antivirus que se tengan instalados, si aceptamos que cualquier aplicación, por muy segura y oficial que sea, pueda acceder a los datos y archivos de nuestros dispositivos. 

     Numerosas son las ocasiones en las que clientes acuden al despacho porque han realizado una acción que no creían que podría tener consecuencias, que pensaban realizar de forma segura por ser un canal oficial, etc, pero que tiene importantes repercusiones.

     Los fallos en seguridad, existen, por muy estatal que sea la aplicación, (véase lo ocurrido en Lexnet el pasado verano), y estos fallos pueden exponer nuestros datos, hacerlos públicos, nadie ni nada es infalible hasta el momento. Pero más allá, y nos situamos en el límite, de la literalidad del mensaje podemos deducir que estamos facilitando un permiso a la Agencia Tributaria para acceder a cualquier archivo de nuestro dispositivo en cualquier momento, ya que no se ha determinado que sea para los únicos fines de la presentación de la declaración de la renta 2017; ¿de verdad estaría el usuario dispuesto a dar la llave de su casa o de su oficina a la Agencia Tributaria para que en cualquier momento pasaran a buscar y mirar en cualquier cajón? ¿Entonces por qué lo permitimos en Internet?.

     Volvemos a aconsejar que. para la presentación de la declaración de la renta, se acuda a los correspondientes profesionales del sector y evitemos así sustos innecesarios.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

DEL PERMISO LABORAL PARA ACUDIR A VOTAR EN DÍA LABORABLE (Por el Departamento Laboral de Iuris Corporate.S.A.)

En relación a las Elecciones Catalanas que se celebran el próximo día 22 de diciembre es  preciso realizar una serie de consideraciones en relación a los permisos de los trabajadores para acudir a las mismas.

Los permisos de los trabajadores para acudir a votar se regulan en el Real Decreto 953/2017 de 31 de octubre, concretamente en su artículo 24 que nos establece:


Artículo 24. Trabajadores de empresas privadas.

1. El día de las elecciones, en aquellas localidades en las que no sea día festivo, las empresas deben conceder a los trabajadores y trabajadoras que tengan la condición de electores y que tengan obligación de trabajar en esta fecha, un permiso de hasta cuatro horas dentro de la jornada laboral que les corresponda, que es en todo caso retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo que establece la normativa laboral vigente.


2. Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de interventor o interventora y que tengan obligación de trabajar el día de la votación tienen derecho a disfrutar de un permiso retribuido y no recuperable durante la jornada completa del día de la votación y, también, de un permiso retribuido durante las cinco primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior.

3. Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de interventor y que sí disfruten de descanso el día de la votación tienen derecho a un permiso retribuido de las cinco primeras horas durante la jornada del día inmediatamente posterior al de la votación
4. Los trabajadores que acrediten su condición de apoderados y que no disfruten de descanso el día de la votación tienen derecho a un permiso retribuido durante este día.


En definitiva, si los trabajadores acuden a votar tendrán un permiso de hasta cuatro horas ( nunca inferior) retribuido y no recuperable, deben solicitar a los presidentes de mesa correspondiente justificante de su presencia en las votaciones, si los trabajadores no llevan dichos justificantes se les puede descontar las horas e incluso sancionarles por no justificar su ausencia.

Si son miembros de la mesa ( Presidente, vocales) o bien interventor/a de algún partido político, tendrán que haberlo comunicado  con suficiente  antelación a sus empleadores, dado que tienen constancia de dicha designación con bastante antelación. En relación a los suplentes de las mesas tienen obligación de comparecer aunque  siendo suplente, dado que  hasta que no se constituyen las mesas no se sabe si van a comparecer los titulares o tienen causa de exención. En este caso los miembros de las mesas como los  Interventores/as tienen derecho como permiso retribuido y no recuperable durante la jornada de las votaciones así como un permiso de las 5 primeras horas de la jornada laboral del día siguiente.

Si son Apoderados/as de algún partido político tienen derecho únicamente al día de la votación como permiso retribuido y nada más, este extremo también  lo tendrían que haber comunicado con la antelación debida.

lunes, 18 de diciembre de 2017

ASPECTOS SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Por Rebeca Sánchez, Abogado Colaboradora de Iuris Corporate S.A.)

Desde hace tiempo, son muchas las empresas que acuden a nuestro despacho planteándonos la problemática que se desencadena cuando, tras el despido de un trabajador o su salida de la empresa, el ex trabajador en cuestión utiliza indebidamente los datos de carácter personal de trabajadores y clientes a los que tuvo acceso con ocasión de su cargo.

En este sentido, nos ha resultado especialmente curioso el caso de una conocida “Asociación de Enfermedades Raras Sin Ánimo Lucro” (en adelante, “La Asociación”) cuyo Presidente nos relataba los siguientes hechos:

"-Hace unos meses, tras múltiples disputas y desavenencias con uno de los dirigentes de La Asociación, los asociados tomaron la difícil decisión de cesarle.
Acto seguido, se tomaron todas las precauciones necesarias para proteger los datos de carácter personal de sus asociados: bloqueo informático a las bases de datos, requerimiento de devolución de todos los dispositivos y soportes físicos que almacenaban datos de carácter personal de los asociados, etc.
A pesar de la agilidad de nuestra actuación –continuaba el Presidente- pasados unos días varios asociados recibieron mensajes en sus teléfonos en los que se les invitaba a abandonar La Asociación y a constituir una nueva asociación con idéntico objeto."

Lo cierto es que el Presidente contaba con abundantes indicios que demostraban que el autor de esos mensajes era el ex dirigente cesado (en adelante, “El Ex Dirigente”).

Con todo este material, lo primero que verificamos desde el departamento legal de IURIS CORPORATE es que La Asociación efectivamente cumplía con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla. Después de un minucioso análisis de todos los aspectos que actualmente se exigen por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, “La AEPD”) en esta materia (documento de seguridad, formularios de consentimiento, compromisos de confidencialidad, etc.) concluimos que el nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de La Asociación estaba muy por encima de la media.

Sin embargo, y a pesar de contar con abundantes indicios que apuntaban a que el autor del uso no consentido de los datos de carácter personal de los asociados era el Ex Dirigente (recordemos en este punto que la prueba por indicios está admitida en nuestro ordenamiento jurídico cuando, como ocurría en el presente caso, se cumplen una serie de requisitos), nos vimos en el contrasentido de no poder interponer ante la AEPD una denuncia contra el Ex Dirigente por dos razones:

  • 1.       Las personas jurídicas (empresas, asociaciones, etc.) carecen de legitimación activa, esto es, de la posibilidad de presentar denuncias ante la AEPD por el uso no consentido de los datos de carácter personal de las personas que las integran (artículos 3.e) y 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
  • 2.       Las personas físicas integradas en una persona jurídica (ya sea empresa, asociación o cualquier otro ente de similares características) carecen de legitimación pasiva, esto es, de la posibilidad de ser denunciadas ante la AEPD, precisamente porque en estos casos el responsable del fichero es la propia persona jurídica (artículo 3.d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

Efectuadas diversas consultas a la AEPD, la única solución que nos proponían era instar a alguno de los asociados afectados a que denunciara a La Asociación para que La Asociación, una vez denunciada, tuviera ocasión de demostrar su inocencia como medio de defensa (lo que, en Derecho Penal, se conoce como “prueba diabólica” y cuya exigencia, por supuesto, está prohibida en un Estado Democrático y de Derecho como el nuestro).

No conformes con la respuesta dada por parte de la AEPD, nos planteamos la posibilidad de interponer una demanda ante la jurisdicción civil al amparo de lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que establece lo siguiente:

Artículo 7
Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.”

A pesar del encaje que, desde nuestro punto de vista, tenía la conducta del Ex Dirigente en el tenor de dicho artículo, éramos conscientes de que, no contando con una prueba concluyente sobre la autoría de los mensajes, nos arriesgábamos no sólo a que el Juez desestimara la demanda, sino además a que condenara a nuestro cliente al pago de las costas procesales.

Por ello, finalmente decidimos interponer una denuncia ante la jurisdicción penal poniendo en conocimiento del Juzgado de Instrucción la existencia de los hechos relatados y solicitando su auxilio para realizar la oportuna investigación.

A fecha actual seguimos a la espera de tener noticias del Juzgado de Instrucción donde ha sido turnada la denuncia, pero la anómala situación en la que se ha visto envuelta La Asociación nos ha llevado a la siguiente reflexión crítica que queremos compartir con nuestros clientes:

El hecho de que las personas jurídicas no puedan presentar denuncias ante la AEPD parte de una concepción equivocada, en la que se cree que todos los datos de las empresas y demás personas jurídicas son públicos, y en la que se desconoce que, siendo tantas las obligaciones que impone esta normativa a empresas y asociaciones, también se les debería reconocer algún tipo de derecho (como, por ejemplo, la posibilidad de denunciar ante la AEPD a un ex trabajador que, sintiéndose indignado por haber sido despedido, use indebidamente los datos de carácter personal a los que tuvo acceso con ocasión de su relación laboral con la empresa).

No es justo para las empresas de nuestro país que se les exija el cumplimiento de numerosos requisitos legales para proteger datos de carácter personal (cuyo incumplimiento acarrea cuantiosas multas y un inherente desprestigio profesional) y, sin embargo, no se permita denunciar posibles usos indebidos de los datos personales de las personas físicas que las integran ante la propia AEPD (donde las denuncias, además, son gratuitas).


De la lectura del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (que entrará en vigor en mayo del próximo año) no parece que esta situación vaya a cambiar, por lo que todo parece indicar que las empresas y asociaciones de nuestro país se verán obligadas a seguir acudiendo a los cauces de la justicia ordinaria a fin de denunciar o demandar los usos indebidos de los datos de carácter personal de las personas físicas que las integran (con el inherente coste que ello conlleva…). 

Rebeca Sánchez es Abogado Colaboradora de Iuris Corporate S.A.

martes, 12 de diciembre de 2017

LOTERÍA DE NAVIDAD, CUIDADO AL COMPARTIR (Artículo publicado por Marta Brox Huguet, Abogada colaboradora de Iuris Corporate, S.A.)

          Llegadas estas fechas navideñas en las que es tan habitual sentir la ilusión y esperanza de que el "premio gordo" de la lotería nos cambie la vida, o al menos nos deje "tapar esos agujerillos", me gustaría contar qué ocurre cuando compartimos un décimo.

            Es más que habitual que entre nosotros compartamos décimos de lotería, e igualmente son habituales los problemas que se acarrean cuando el décimo es premiado y el tenedor del décimo niega que se compartiera, la proporción en que se compartía, o, en otra versión, que quien no participaba en el décimo reclame una cantidad afirmando formar parte del mismo.

          Lo cierto es que aunque parezca ridículo o nos dé vergüenza decirlo al resto de participantes en el décimo, debemos crear la prueba de que realmente existía un acuerdo de compartir el décimo.

            Normalmente estos acuerdos son verbales, por lo que la simple negación de quien detenta físicamente el décimo, hace que el resto de jugadores no cobre su premio. Por ello es importante dejar una prueba escrita.

            La forma más normal es firmar todos el décimo, sin embargo no siempre es posible que físicamente estén todas las partes juntas. Bastaría entonces con redactar un pequeño documento de no más de tres líneas y enviarlo firmado por correo cada una a la otra parte, de forma que todos los participantes recibieran la firma del otro u otros jugadores.

          El correo electrónico y otro tipo de mensajería realizada por teléfonos móviles podrían tener el problema de acreditación de que los mensajes son reales. En los últimos tiempos ante este tipo de prueba presentada en los juzgados se ha comenzado a oponer la posibilidad de que los mensajes estén manipulados y no sean reales, por lo que se debería contar con una empresa que pudiera certificar el contenido de los mensajes y realidad de envío, y no todos los servidores de este tipo de mensajes pueden realizar esta certificación.

             Además, tenemos que añadir que en el momento de cobrar el décimo, deben acudir todas las partes que jugaban el mismo, puesto que las consecuencias fiscales son muy diferentes: Si lo cobran entre todos, todos son los ganadores y se abonarán los impuestos de juego. Si lo cobra uno sólo de los participantes, el reparto posterior entre el resto de los participantes será considerado donación, y por lo tanto, también se tendrá que abonar impuestos por este concepto.

             Por otra parte me resultó curiosa la llamada, hace unos tres días, de un cliente que me requería para un “divorcio express” ya quería estar divorciado antes del sorteo de la lotería para no compartir el premio con su esposa en caso de que su décimo resultase ganador.

             En primer lugar, este tipo de divorcio no existe. En realidad se llamó así a la reforma de la ley que permitía divorciarse sin tener que separarse primero y acortaba los plazos para ello, pero esto no quiere decir que sea más rápido, o que se pueda divorciar alguien en dos días.

          En segundo lugar, el artículo 1385 del Código Civil determina que las ganancias de cualquiera de los cónyuges en el juego son bienes gananciales, por lo que si se está casado en régimen de gananciales, es decir, si los cónyuges se casaron sin otorgar capitulaciones matrimoniales, y se compra el décimo constante matrimonio, el premio será ganancial incluso si se obtiene el divorcio un día antes del sorteo.

            Por otra parte, si se compró el décimo con dinero privativo de uno de los cónyuges (por venir por ejemplo de una herencia), el premio seguirá teniendo una naturaleza ganancial, y el cónyuge que haya aportado el dinero tendrá derecho a que se le reintegre el precio que pagó por el décimo en su proporción a la hora de la liquidación de la sociedad de gananciales (art. 1.358 Código Civil), pero no tendrá derecho a más parte del premio.

            Feliz Navidad, que tengáis suerte en el sorteo y que no tengáis problemas de cobro… o si los tenéis, acordaros de llamarnos.


Artículo publicado por Marta Brox Huguet, 
Abogada colaboradora de Iuris Corporate, S.A